La creciente oleada de represión contra los jóvenes del pueblo y las masas populares que viven en el área Metropolitana del Valle del Aburrá, junto con la guerra intestina entre grandes organizaciones criminales que hoy azota las barriadas populares, ha dejado un saldo de más de 1300 muertos sólo en lo que va corrido del año. Encima de la enloquecedora angustia que soportamos todos los días por la miseria en que vivimos, por no saber si podremos comer, vivir bajo un techo, pagar los servicios o trabajar, ahora tenemos que soportar la maldita opresión de sentir que nuestra vida pende de un hilo a cada instante, que en cualquier momento las balas de la reacción cegarán nuestra vida o la de algún otro ser querido, pues para los opresores las personas del pueblo no somos sino vidas baratas.
Los barrios son hoy como una gran cárcel donde los toques de queda (como en las comunas nororiental y noroccidental así como en varios municipios del área metropolitana), las golpizas, los asesinatos, las amenazas, las “raquetas”, las violaciones, las extorsiones, el comercio de droga y los arrestos en masa a manos de la Policía y las bandas del crimen organizado son el pan de cada día. Nos dicen qué podemos hacer, dónde y hasta qué hora, nos acosan todo el tiempo pidiendo papeles, llenando camiones, canchas, coliseos, mangas y comandos policiales con jóvenes y gente del pueblo todos los días, tratándonos como peligrosos delincuentes y abofeteando la dignidad de nuestros padres que son obligados a recorrer las calles detrás nuestro reclamando por la integridad de sus hijos.
Esta horrorosa situación de opresión y dictadura contra el pueblo se está recrudeciendo no sólo aquí sino por todo el territorio nacional. Aunque los medios se esfuercen en tapar el panorama de conjunto, como queriendo apaciguar los ánimos e indignación popular, lo cierto es que en ciudades y regiones enteras del país se está intensificando la lucha interna entre las clases dominantes por el control de mercados, por un lado, y del conjunto de las mismas clases dominantes contra el pueblo, por otro.
El Estado arguye que está aplicando medidas de choque para contener el crecimiento de los hechos criminales en la ciudad y que éstos obedecen al accionar de “bandas delincuenciales” ligadas al narcotráfico surgidas luego de la cínica y mentirosa “desmovilización” paramilitar bajo el régimen Uribe. Sin embargo, es por todos conocidos que en los barrios las estructuras de control paramilitar continuaron operando luego de la dizque “desmovilización”, y que, de hecho, muchos de quienes “se entregaron” fueron jóvenes desempleados pasados por paracos para recibir subsidios estatales. La verdad es que, desde finales de los noventa, con el debilitamiento y descomposición de las milicias, y con los dolorosos ataques contra las masas desarmadas con que la reacción se tomó palmo a palmo los barrios con acciones como la desgarradora matanza en la Comuna 13 durante la Operación Orión y la consiguiente cacería de brujas con desapariciones, descuartizamientos, y asesinados que luego iban a fosas comunes, se ha establecido a sangre y fuego el poder policial, militar y paramilitar en las barriadas de Medellín. Este poder logró luego una cierta estabilidad interna que le permitió consolidarse tanto económica como política y militarmente: fueron los años de la alianza entre la administración Fajardo y alias “Don Berna” o “Adolfo Paz”, ex dirigente de los Bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las AUC, fueron los años recientes del mayor control policivo y corporativo del pueblo, de las obras de infraestructura financiadas por el Estado, del crecimiento de sectores como los de comercio y servicios jalonado en gran medida por los dineros del narcotráfico, del ofrecimiento de Medellín como la panacea de mano de obra barata, calificada y oprimida al servicio de los inversionistas extranjeros… en fin, había sido la época de los años recientes donde, bajo una tregua relativa entre las organizaciones criminales, campeaba la libertad de oprimir para los explotadores, de un lado, y la superexplotación y opresión soterrada de las masas, de otro.
No obstante, con la extradición del genocida alias Don Berna y la reestructuración de antiguas redes narco-paramilitares como la que venía liderando hasta hace pocos meses alias Don Mario, la hegemonía y el control monopólico de una gran parte del multimillonario negocio de la economía ilegal y subterránea de Medellín se vio francamente resquebrajado y la guerra por su dominio se está intensificando más y más. Así, lo que vemos ahora no es nada “nuevo”, como pretenden los portavoces del Estado, sino la consecuencia lógica de lo que estaba ahí desde hace tiempo: grupos armados que defienden a bala los negocios ilegales de un puñado de explotadores y un sistema basado en el lucro a toda costa, en la ganancia por encima del sufrimiento y la vida de millones de seres humanos.
Y en medio de la rebatiña por sus negocios, es el pueblo el que lleva la peor parte. Por un lado, y como siempre pasa en las guerras reaccionarias, es del pueblo de donde sale lo que ellos llaman despectiva y fríamente “la materia prima” del conflicto, es decir, los miles de jóvenes que son puestos de carne de cañón a que maten y mueran por los capitalistas, gamonales y terratenientes que se lucran del crimen organizado y el narcotráfico. Se dice que tan sólo aquí en Medellín son más de 3600 jóvenes los que pertenecen a las bandas. Y, por otro lado, y de una forma más significativa, el Estado está utilizando la guerra intestina entre esos grupos como una excusa para atacar más duro al pueblo en su afán de sofocar cualquier intento de resistencia y rebelión de las masas, imponiendo toques de queda, militarizando los barrios, organizando “raquetas” y arrestos masivos, implementando todo tipo de medidas arbitrarias, e incluso exigiendo una legislación “menos laxa” y todavía más agresiva contra la juventud popular, fortaleciendo en todas estas formas su dictadura despótico-militarista. De hecho, no sólo de vez en vez han traído miles de policías durante el último año a que refuercen a los ya casi 7000 efectivos permanentes para estas labores, iniciando incluso operaciones de mayor envergadura como el “Plan Franqueza” en la Comuna 13, sino que además están contemplando medidas como la criminalización de la dosis mínima como un mecanismo para atacar a los jóvenes que consumen, y encima con la excusa de “reducir el microtráfico”. Y todo esto a pesar de que el pueblo sabe por experiencia propia que el Estado se lucra del narcotráfico y defiende las plazas de vicio, como cuando vemos a miles de policías recibiendo vacunas de ellas y coludiendo con los medianos y grandes traficantes.
Esta asfixiante situación a la que las clases dominantes están sometiendo al pueblo, hace parte de la arremetida fascista a escala nacional, en la que utilizan cualquier excusa para acentuar el cerco tendido contra las aspiraciones democráticas y revolucionarias de las masas populares. Y la única forma de contrarrestar ese cerco es desatando una tormenta de rebelión popular, donde los mejores hijos del pueblo estemos en las primeras líneas como luchadores infatigables por la defensa de nuestro pueblo y contra las cadenas que lo obligan a vivir de rodillas. No podemos tolerar ni un minuto más que los opresores hagan cuanto se les antoje en nuestras ciudades y campos, hay que parar el reclutamiento en masa de centenares de miles de jóvenes para la guerra reaccionaria, detener la criminalización, arbitrariedad y brutalidad policial, militar y paramilitar ejercida contra nosotros y el pueblo en general.
Debemos oponernos radicalmente a servir a las clases dominantes, rehusándonos a ser parte de su maquinaria de guerra contra el pueblo. Que retumbe: ¡no queremos ser asesinos del pueblo! Hay que oponerse a pertenecer a su red de sapos o a cualquiera de sus fuerzas armadas, sean sus “bandas” o su policía o sus ejércitos regulares legales o ilegales. Pero los jóvenes de esta generación tampoco podemos responder a la violencia de los opresores “escondiéndonos”, haciendo como el avestruz que esconde la cabeza y deja el rabo afuera. ¡No!, nosotros debemos asumir un compromiso histórico con el pueblo colombiano y demás pueblos del mundo y lanzarnos a la lucha por levantar bien alto la bandera de la liberación popular.
En el movimiento juvenil hay varias organizaciones e individuos que le hacen coro al programa del Estado de pacificación de la juventud popular (llegando incluso a trabajar de la mano con él), promoviendo la conciliación de clases con consignas y concepciones “pacifistas” como la de la “no-violencia activa” o las de la “convivencia pacífica”, que a la larga no sólo no pueden dirigir un verdadero proceso para acabar con la opresión, sino que además hacen un gran daño a los jóvenes oprimidos al embellecer sus cadenas impidiéndoles comprender que el verdadero problema no es que haya “mucha violencia”, en general, sino que hay mucha violencia reaccionaria y muy poca violencia revolucionaria. Hay que luchar también por despejar el ambiente y lanzar bien fuerte el mensaje de que se requiere organizarse para la lucha y no para la conciliación, para combatir y resistir y no para hacer las paces con el sistema.
Los Jóvenes Antiimperialistas hacemos un fuerte llamado a todos los que de verdad quieran conquistar un mundo completamente diferente y liberador, sin opresión ni explotación, sin imperialismo, para que nos unamos y forjemos lazos organizados en todos lados que nos permitan comenzar a jalonar un verdadero movimiento revolucionario de la juventud popular.
¡Contra la brutalidad policial, combatir y resistir!
¡No queremos ser asesinos del pueblo!, ¡no al servicio militar obligatorio!
¡Contra el sistema que oprime y explota, la rebelión se justifica!
¡Se justifica la rebelión, se necesita la revolución!
Jóvenes Antiimperialistas, octubre de 2009
